Desde 2005, España ha caído del puesto 20 al 26 en el Índice de Buen Gobierno, que clasifica a los 140 estados más relevantes del mundo

La imagen del sistema democrático español se ha deteriorado sensiblemente en los últimos 17 años, aunque se mantiene estable en los cuatro que lleva Pedro Sánchez en La Moncloa, según el Índice de Buen Gobierno realizado por el Observatorio Mesías de Calidad Institucional, un think tank académico independiente que monitoriza el estado y la evolución de los indicadores que configuran a España como un Estado democrático y de Derecho, a partir de datos del Banco Mundial.

El ranking mundial de Buen Gobierno correspondiente a 2021 sitúa a España en el puesto 26 de un total de 140 Estados, prácticamente todos los del mundo con exclusión de los paraísos fiscales y los de menos de un millón de habitantes. Encabeza la lista Finlandia, seguida de países europeos y occidentales (como Dinamarca, Noruega, Suiza y Nueva Zelanda) que copan los cinco primeros puestos. España gana una posición respecto al año pasado (estaba el 27) y hace el número 16 entre los Veintisiete países de la UE, por detrás de Portugal, a pesar de que el vecino ibérico retrocede cinco puestos, y por delante de Italia, que hace el número 33 de la lista.

El Índice de Buen Gobierno (IBG) se forma a partir de la evaluación de seis variables: control de la corrupción, eficiencia de Gobierno, estabilidad política, calidad regulatoria, Estado de Derecho y Rendición de Cuentas. En las tres últimas retrocede España desde que gobierna Pedro Sánchez, perdiendo cinco, tres y cuatro posiciones respectivamente, hasta quedar en los puestos 31, 28 y 24 de las correspondientes tablas. En el control de la corrupción se produce un ligero avance, sube del puesto 28 al 27; mientras que en eficiencia de Gobierno se queda igual (puesto 27). Pero el gran salto se produce en la variable de estabilidad política, en la que avanza 12 puestos, pasando del 42 al 30, ya que “se ha superado la crisis de percepción de inestabilidad generada por el procés en Cataluña”, según el responsable del estudio, el profesor José María Cubillo.

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